Proyecto

Desde fines de 2008 la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) lleva adelante junto a UNICEF y la JU.FE.JUS. una serie de acciones cuyo objetivo es promover y defender el acceso a la justicia y la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNyA) víctimas o testigos de violencia, abuso sexual y otros delitos.

En este marco, UNICEF donó en el 2008 un equipo de videograbación a un órgano judicial por provincia y la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de que sea utilizado en las declaraciones de los NNyA víctimas o testigos que tienen lugar en los procesos judiciales.

La videograbación de las declaraciones permite que éstas sean observadas en simultáneo y mediante circuito cerrado de televisión (CCTV) por el tribunal y las partes desde el exterior de la sala, donde el NNyA es entrevistado una psicóloga especializada para tal fin, tal como lo dispone el art. 250 bis del Código Procesal Penal de la Nación y similares en la mayoría de las provincias. Asimismo, las alternativas son registradas de manera segura y pueden ser visualizadas por los diferentes operadores judiciales en las distintas instancias del proceso. Esto tiene como fin reducir lo más posible el estrés que supone para el NNyA atravesar el proceso, evitando que tenga que comparecer ante el tribunal en reiteradas oportunidades, a la vez que se favorece a obtener pruebas válidas y de la mejorar calidad posible que ayuden a la realización de Justicia.

De manera complementaria a la donación del equipamiento, las referidas organizaciones realizaron actividades de sensibilización, capacitación e intercambio de experiencias destinadas a magistrados, funcionarios y operadores judiciales de todo el país. En el año 2010 comenzó la segunda etapa del proyecto a partir de la cual se convocó a un grupo de especialistas del país y del extranjero para la elaboración de una Guía de Buenas Prácticas para el abordaje judicial de NNyA víctimas o testigos de violencia, abuso sexual y otros delitos.

Asimismo se brinda asesoramiento constante, se monitorea la instrumentación de los sistemas de protección y se realizan acciones de capacitación e intercambio. El objetivo es conseguir que se alcancen los mayores estándares de actuación posible en las distintas circunscripciones y provincias y en todas las instancias del proceso.